Por: C. Marquina
El notario y los derechos humanos
La confianza depositada en un notario público es, por definición, un acto de fe institucional. La figura del notario en México representa certeza, legalidad y protección jurídica. Sin embargo, cuando esa figura es utilizada para el beneficio personal a costa del patrimonio y la buena voluntad de terceros, el daño trasciende lo económico: corrompe la confianza pública.
Tal es el caso de Salvador Lopecedeño Estefan, ex titular de la Notaría No. 65 en Tulum, Quintana Roo. En su momento, Lopecedeño fue contratado para realizar trámites legales asumiendo que actuaría con la ética y responsabilidad que su investidura exige. Pero no fue así.
Lejos de cumplir con su deber, Lopecedeño entregó documentación con errores, no realizó los pagos que se le encomendaron y se apropió indebidamente de los fondos defraudando así a más de 100 personas. A pesar de múltiples intentos para llegar a una solución conciliatoria, su respuesta fue evasiva y, en un momento dado, incluso violenta. Esta actitud agresiva culminó en una denuncia penal por fraude y lesiones.
Nuestra fundación y varios ciudadanos nacionales y extranjeros fuimos afectados y hemos señalado públicamente haber sido víctimas del mismo individuo, cuyas acciones fueron tan graves que terminaron con la revocación de su patente como notario público. Su conducta representa una traición directa a los principios que deben regir la función notarial: legalidad, imparcialidad y servicio público.
Desde la Fundación Mexicana René Mey A.C., creemos firmemente que la verdad debe nombrarse y que el silencio solo perpetúa la impunidad. Por eso alzamos la voz. Porque no se trata solo de una suma de dinero, sino del respeto a la ley, a la confianza ciudadana y al espíritu de servicio que impulsa nuestra labor.
Es nuestra responsabilidad advertir, prevenir y exigir justicia, para que casos como el de Salvador Lopecedeño Estefan no se repitan. La fe pública no debe ser objeto de negocios privados ni de impunidad institucional.